Recientemente hemos asistido al desenlace en el Tribunal Supremo del conflicto generado por la ubicación de las antenas en la Torre la la Plaza de Antonio Canales, conocida como torre del trabajo o torre del reloj. La petición de la retirada de las antenas de este inmueble público, se inició por parte de la asociación de vecinos Antonio Canales siendo presidente D. Juan Meneses, continuando esta reivindicación las sucesivas directivas habidas y judicializado al fin por el ayuntamiento, entonces presidido por Dª Elena Nevado y apoyada en los sucesivos recursos ante la justicia por las distintas corporaciones que ha habido en el ayuntamiento. La Torre es un edificio singular y significativo del barrio en particular y de Cáceres en general, y desde esta directiva nos gustaría hacer un pequeño alegato en favor de los bienes públicos cuando estos caen en manos privadas que desatienden su cuidado y conservación.
Privatización encubierta del espacio público
En muchos países, el uso de edificios públicos por parte de empresas privadas ha generado una creciente preocupación entre ciudadanos, organizaciones civiles y autoridades locales. Estos espacios, financiados con recursos del Estado y destinados a servir al interés colectivo, se convierten en ocasiones en escenarios donde intereses particulares priman sobre el bien común. Esta situación no solo representa una forma de abuso, sino que además pone en riesgo el patrimonio público por la falta de cuidado y mantenimiento adecuado.
Uno de los problemas más evidentes es la apropiación simbólica y material del espacio. Empresas privadas, ya sea mediante concesiones, arrendamientos o convenios ambiguos, terminan utilizando edificios públicos como si fueran de su propiedad. Modifican su infraestructura, alteran su uso original y, en muchos casos, restringen el acceso a la ciudadanía. Esto no solo contradice el espíritu con el que fueron construidos estos inmuebles, sino que también representa una privatización encubierta de un bien común.
Falta de cuidado y deterioro del patrimonio
A diferencia de las instituciones públicas, que están sujetas a normativas estrictas sobre el uso y conservación del patrimonio, muchas empresas privadas no asumen la responsabilidad de mantener en buen estado los edificios que ocupan. Techos con goteras, fachadas deterioradas, mobiliario roto y acumulación de basura son síntomas frecuentes del abandono. En ocasiones, la lógica de maximizar beneficios lleva a estas empresas a minimizar sus gastos operativos, trasladando el costo del deterioro al Estado y, por ende, a la sociedad.
Complicidad institucional
En este caso concreto hemos de felicitarnos por el apoyo recibido desde las distintas corporaciones municipales. En todo momento se mostraron permeables y llevar ante la justicia la retirada de las antenas para dar una solución al estado de deterioro interior de la Torre. El problema se agrava cuando en otros casos existe una falta de fiscalización por parte de las autoridades. Ya sea por negligencia, falta de recursos o corrupción, muchos gobiernos permiten que estas prácticas se perpetúen. Contratos opacos, ausencia de auditorías y una débil rendición de cuentas permiten que empresas privadas utilicen edificios públicos sin respetar su valor histórico, cultural o social.
Impacto en la comunidad
El uso inapropiado de edificios públicos por parte de empresas privadas también afecta a las comunidades que deberían beneficiarse de esos espacios. Cada uno de estos casos representa una oportunidad perdida para mejorar la vida de los ciudadanos.
¿Qué se puede hacer?
La solución pasa por una mayor regulación, fiscalización y transparencia en los convenios entre el sector público y el privado. Es fundamental establecer cláusulas claras de mantenimiento y uso responsable, así como sanciones ante incumplimientos. La ciudadanía también tiene un papel importante: vigilar, denunciar y exigir que los bienes públicos sean protegidos.
Conclusión
Los edificios públicos son mucho más que estructuras físicas: son símbolos del esfuerzo colectivo y espacios fundamentales para el desarrollo social. Permitir que sean mal utilizados por intereses privados no solo es un acto de negligencia, sino también una forma de erosión social. Es responsabilidad de todos, pero sobre todo del Estado y ayuntamientos, garantizar su cuidado, uso adecuado y preservación para las futuras generaciones.
A continuación, imágenes del estado actual del interior de la torre. Se puede apreciar el exceso de humedades, la falta de cuidados y el absoluto abandono al que han sometido a este inmueble común.
